46 personas denunciadas por transitar por zonas prohibidas en las Dunas.

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El Cabildo de Gran Canaria ha interpuesto 46 denuncias por transitar por zonas prohibidas y por acumular enseres y pernoctar al refugio de los tarajales de las Dunas de Maspalomas en cuatro meses, es decir, desde la activación del dispositivo de vigilancia que vela por el cumplimiento de las normas de uso de esta reserva natural que recuperó sus infinitas ondulaciones durante el confinamiento. 
Además, 17 de las denuncias ya han derivado en expedientes sancionadores y 2 personas, que decidieron acogerse al pago anticipado para obtener un ahorro del 20 por ciento de la cuantía, se han convertido en las primeras en afrontar las infracciones. 
Las denuncias, interpuestas por los agentes de Medio Ambiente del Cabildo con la colaboración de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, se deben a usos no permitidos tanto en la zona de exclusión, como en la de uso restringido y general. 
Así, 37 fueron por transitar en lugares indebidos de la Reserva Natural Especial, de ellas, 18 están vinculadas al tránsito a pie en la zona de exclusión del ecosistema dunar sin que sea por motivos científicos y de conservación, los únicos por los que se permite acceder. Los agentes de Medio Ambiente del Cabildo denunciaron también a un hombre que circulaba en bicicleta por este enclave de elevado valor natural. 
El Cabildo interpuso otras 18 denuncias por caminar fuera de los senderos de  la zona de uso restringido, así como por usar las crestas de las dunas para tomar el sol o contemplar el atardecer. 
Por otra parte, los controles también han dado lugar a 9 denuncias acumulación de enseres, residuos domésticos y pernoctar, siete de ellas en la zona de uso general que entrañaron daños en los tarajales, ya que también se realizaron fogatas, y otras dos en la zona de uso restringido. El perfil mayoritario de los infractores se ajusta en este caso a extranjeros sin recursos económicos. 
Todas estas infracciones tienen la consideración de leves y acarrean multas que oscilan entre los 150 y los 600 euros, aunque en el caso de que alguien protagonice incumplimientos graves o muy graves, que son aquellos que alteran el espacio o provocan un incendio, el abanico se abre desde 6.000 hasta 600.000 euros. 
El Cabildo de Gran Canaria es el órgano de gestión de este ecosistema de alto valor medioambiental y singularidad paisajística que experimentó un renacer durante el confinamiento que alentó el establecimiento de la red de vigilancia para protegerlo de la fuerte presión ejercida por el ser humano para que deje huella de su paso solo en los lugares permitidos.