Políticas migratorias que generan odio.

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OPINIÓN:

En las últimas semanas hemos vivido en Gran Canaria varios tristes y alarmantes episodios de racismo, inéditos hasta la fecha, a raíz del repunte de la llegada de personas migrantes en pateras a nuestras costas, unos 5.000 en lo que va de año. Hemos visto en redes sociales vídeos de inmigrantes desembarcando en diversas playas en los que sus autores proferían toda clase de insultos racistas contra estas personas y también se han producido lanzamientos de piedras contra centros de menores no acompañados en Las Palmas de Gran Canaria. 

La primera semana de septiembre, a raíz del traslado de un grupo de  migrantes a unos apartamentos turísticos vacíos del sur de la isla, se difundió de manera masiva a través de las redes sociales un bulo manipulando imágenes antiguas de una excursión de niños negros a un parque acuático del Sur de Gran Canaria para hacer ver a la población que España les pagaba unas “vacaciones” a costa de los españoles, todo ello acompañado de una ola de comentarios racistas. 

Es muy alarmante que en un territorio como Canarias, que lleva décadas conviviendo con la diversidad cultural, racial y religiosa con total normalidad, se generen estos episodios de violencia racista. No podemos ser autocomplacientes y calificar de “hechos aislados” lo que a todas luces es un aumento en la intensidad y en la difusión de los discursos de odio. Alentados además por la ultraderecha con campañas pagadas en redes sociales, están teniendo un alcance inédito hasta la fecha. Y no solo es un problema de Canarias sino global. 

Pero no deberíamos perder de vista cuál es el origen de la actual situación, y  que no es otro que las nefastas políticas migratorias llevadas a cabo por la Unión Europea y el Gobierno de España en Canarias. Hace 26 años que arribó a nuestras costas la primera patera y, aunque las llegadas no han sido constantes, lo cierto es que tres décadas después no contamos con algo tan básico como un sistema de primera acogida dotado de los recursos económicos, humanos y alojativos necesarios. Mientras escribo estas líneas hay más de 400 personas hacinadas en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, literalmente tiradas en el suelo y protegiéndose del sol debajo de mesas en medio de una alerta por calor. Son unas condiciones intolerables que atentan contra la dignidad y la salud de estas personas. Aunque el viernes 11 empezaron a trasladarlas, el sábado pude visitar la zona y comprobar que aún quedaban 222 personas desesperadas en el lugar. A 140 aún no se les había realizado el PCR.

¿Cómo es posible que el Gobierno de España, que tiene la mayoría de las competencias en materia migratoria no dote a Canarias, después de tres décadas, de las herramientas necesarias para la gestión de estos flujos y se siga improvisando, generando alarma social y creando el caldo de cultivo para los racistas e intolerantes? Porque los bulos y comentarios racistas son un problema, pero el verdadero problema es una administración que por la vía de los hechos lleva décadas tratando a las personas migrantes como algo indeseado que quiere quitarse de encima y por lo tanto mandando ese mensaje a la población. 

Lo primero y más importante es acabar con el alarmismo. Aunque es cierto que se ha producido un importante repunte en el número de llegadas, estamos hablando de 5.000 personas en un territorio de dos millones de habitantes. No se trata de una avalancha ni de una invasión y se podría gestionar sin grandes problemas si se pusieran los medios adecuados para ello. Por otra parte, hay que señalar que la mayoría de estas personas no tiene a Canarias como destino de su viaje, sino Francia, Bélgica, Inglaterra, el resto de España, etc., países en los que tienen familiares, amigos, redes y cuyo idioma conocen. Si llegan aCanarias es por razones geográficas obvias. Y utilizando un corredor peligroso, mortal en muchas ocasiones, trás cerrarse  la vía mediterránea.

Por lo tanto es inaceptable, como escribí a finales de agosto, que Europa y España pretendan convertir a Gran Canaria y al resto de islas en una “isla cárcel” como Lesbos o Lampedusa, a la que las personas migrantes llegan y se pasan meses y años en pésimas condiciones mientras se resuelven sus solicitudes y procedimientos administrativos. Fíjense en el drama de Moira de estos días. España y Canarias deben desarrollar una política pública respetuosa con los derechos de las personas migrantes, efectiva en la gestión de estos flujos y que no genere alarma social ni facilite el discurso del odio. Y debe ser transparente y consensuada.

Insisto en que la prioridad es dotarnos de un sistema de primera acogida, que cuente con las plazas alojativas suficientes para las diversas realidades de las personas que llegan (menores, solicitantes de asilo, etc.). Es intolerable que, mientras se hacina a estas personas en el muelle de Arguineguín y en hogares para menores sobrepasados o se les traslada ora a instalaciones deportivas y escolares ora a hoteles de zonas turísticas,  los ministerios de Interior y de Defensa no se pongan de acuerdo para que se puedan utilizar los espacios que el ejército tiene en Gando o en La Isleta o en otros lugares de Canarias. 

Tienen que existir protocolos que permitan trasladar a estas personas a otros recursos públicos adecuados de España y del resto de la Unión Europea, así como a los lugares en los que residen sus familias y/o amigos cuando lo soliciten. Esto no es un problema de Canarias sino del conjunto de las administraciones y tienen que actuar de manera solidaria. Hay que revisar el mal funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para detectar las embarcaciones en alta mar, evitando los cientos de muertes que se producen en los naufragios y las dantescas imágenes de personas migrantes recién llegadas a nuestras costas vagando desorientadas y exhaustas. 

Las autoridades canarias tienen que tener capacidad de decisión y participación en las medidas que a este respecto se toman en su territorio. Es inaceptable que se produzcan traslados a municipios sin ni siquiera avisar a los ayuntamientos. Hay que reclamar a la UE fondos estructurales para esta cuestión ya que estamos pagando las consecuencias de las nefastas políticas comunitarias en este sentido.  También hay que reforzar el Foro Canario de la Inmigración como herramienta participativa de construcción de propuestas y políticas de manera consensuada, integrando al conjunto de las administraciones públicas, asociaciones y sociedad civil, medios de comunicación, organizaciones empresariales, etc.  

Alabo que la pasada semana se haya convocado a este órgano, en el que tuve la ocasión de manifestarme con contundencia ante la Secretaria de Estado de Migraciones, pero hay que reforzarlo y convocarlo con mayor frecuencia.

Y a esta lista de inacciones y de falta de compromisos hay que añadir una política exterior inexistente por parte del gobierno de España en la negociación y la cooperación con los países africanos que son origen de esta inmigración. La política internacional del estado español no tiene entre sus prioridades la relación con los gobiernos y las organizaciones de los países africanos que viven una crisis de subsistencia y de supervivencia gravísima. Desde Canarias tenemos que exigir un cambio inmediato en estas políticas.

Hay que tener claro que la migración es un fenómeno natural, consustancial a la historia de la humanidad. Migraciones han habido, hay y habrán en el futuro, y nosotros somos la frontera más desigual del mundo. La mejor manera de gestionar este fenómeno, además de luchar contra las guerras, desigualdades y situaciones de injusticia que obligan a muchas personas a abandonar su tierra, es el establecimiento de vías migratorias legales y seguras. 

Aunque parece que en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se están produciendo cambios en este sentido, estos son aún muy lentos y chocan contra las políticas de la UE y del Ministerio del Interior. Desde luego, no ayuda que el Ministro se haya comportado como se ha comportado dando un plantón al Presidente de Canarias. Pero mientras tanto es imprescindible, si queremos evitar el auge de los discursos de odio, contar con los medios necesarios para gestionar las llegadas de personas migrantes a nuestras costas de manera eficiente y con respeto a los derechos humanos. La única manera de frenar el odio es acabando con las políticas que generan odio. 

                                                                Antonio Morales Méndez
                                                        Presidente del Cabildo de Gran Canaria