La Comisión Técnica de la Memoria Histórica aborda el protocolo de exhumaciones.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió hoy la
constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano consultivo, técnico y asesor
en la materia que cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y
las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica. En esta primera reunión
presentó un borrador del protocolo de exhumaciones que se nutrirá de las aportaciones de las
aportaciones de la comisión en para luego proceder al trámite de su aprobación.
Al encuentro también asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la vicepresidenta primera del órgano y
directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera, la vicepresidenta tercera y
presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes
Pérez Schwartz, así como las diez personas que ocupan los cargos de vocales, y la secretaria del
órgano. La vicepresidenta segunda y consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,
Manuela Armas, excusó su ausencia debido a imprevistos que le impidieron acudir a la reunión.
Pérez destacó que, con la constitución del órgano, se cumple con el mandato contenido en la Ley
5/2018, de Memoria Histórica de Canarias, de dotarse del mismo. Su puesta en marcha, explicó,
resulta indispensable para el desarrollo efectivo de una política de recuperación y dignificación de
la memoria democrática, pues se requiere su dictamen para cuestiones tan trascendentes como la
elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, la aprobación
del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, o la aprobación del
protocolo de exhumaciones, entre otras cosas.

Para ello, el órgano debe dotarse, y aprobar, sus normas de funcionamiento interno para llevar a
cabo sus funciones, por lo que la Consejería propuso un borrador que desarrolla las previsiones del
reglamento y que se ajusta a los criterios de funcionamiento de los órganos.
Lo más característico es la regulación de la actuación de las ponencias y de los comités
especializados, con los que se pretende dar un funcionamiento más ágil a la comisión de tal manera
que, siempre que se deba emitir un informe o parecer, no se haga necesaria la reunión del Pleno,
entre otros aspectos.
Uno de los asuntos más importantes abordados en esta reunión constitutiva fue la presentación del
borrador del Protocolo de exhumaciones, identificación y conservación de restos de personas
desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, que presentó la Consejería. Se
orienta en la misma línea que han seguido las de otras comunidades autónomas al incorporar un
esquema técnico similar al fijado en el protocolo estatal de 2011, pero también las previsiones
específicas que se contienen en ley canaria, con el objetivo de garantizar tanto el cumplimiento de
la normativa autonómica como el establecimiento de un procedimiento compatible y validado por el
Estado que facilite ulteriores planes coordinados de actuación.
El borrador, explicó Carla Vallejo, es un primer texto para que se realicen las aportaciones que se
crean oportunas. Una vez que esté perfilado el texto, se iniciaría el trámite para su aprobación.
Además, esta primera reunión sirvió para abordar las acciones necesarias a fin de elaborar el
catálogo de símbolos, calles monumentos y menciones franquistas, y la valoración de las iniciativas
a llevar a cabo en el ejercicio 2020 en el ámbito de la memoria histórica y de personas menores
sustraídas.
En relación al catálogo, cabe destacar que su aprobación corresponde al Gobierno, según establece
la ley canaria, a iniciativa de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Contar con el mismo es
imprescindible para poder llevar a cabo cualquier labor de retirada o resignificación de esos
elementos, pues con carácter previo se deberá solicitar a la Dirección General de Patrimonio
Cultural la certificación de que este se encuentra incluido dentro del catálogo.